viernes, septiembre 28, 2018

 

PROTEGIDOS... ¿POR FIN?




Con cierto donaire, la dependienta mira la pesa(cuyo resultado no podemos ver los clientes); haciendo gala de alta maestría da seis o siete teclazos en la calculadora (tampoco a la vista) y dice: $ 16,80.
  
Tal vez desconozca que allí hay una pesa de comprobación. Quizás lo sabe y prefiere no perder su tiempo, porque al final “todos se cocinan en la misma salsa”.

No sé si treinta o cuarenta años atrás la gente se sentía más protegida. Lo que no dudo es que ahora el consumidor se siente más engañado. Sucede en mercados agropecuarios, placitas, bodegas, carnicerías, restaurantes, pescaderías, tiendas…

No por casualidad desde el 3 de junio entró en vigor la Resolución No. 54 del 2018, con indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno.

Para muchos, el asunto no está en el qué, sino en el cómo. Cómo hacer que personas naturales y jurídicas que intervienen en la venta de mercancías, servicios técnicos y personales, gastronomía y alojamiento, cumplan lo que durante años ha estado a manga por hombro… en detrimento del consumidor.

Más de una vez, para no hablar en abstracto, he visto en la cafetería de la terminal de ómnibus nacionales, aquí en Ciego de Ávila, venta de “refresco de latica” a 15 pesos, sin que conste en tablilla ese producto. Dejo a consideración de ustedes el por qué.

Es apenas un ejemplo en torno a un fenómeno que incluye el incumplimiento de los ciclos previstos para la canasta familiar, violaciones en precios, gramaje y pesaje; maltrato verbal a clientes, irrespeto a los horarios de servicio, equipos de medición no certificados, tablillas desactualizadas, no devolución de vuelto, no entrega al cliente de comprobante de venta, introducción de mercancías ajenas a los establecimientos…

Y es curioso, porque la citada Resolución fija derechos que todo el mundo debe disfrutar y alguien debe actuar para que se puedan cumplir y sean respetados.  

Tal es el derecho a adquirir productos y servicios con correcta relación calidad-cantidad-precio; recibir factura o comprobante de venta donde se establezca o lo solicite el cliente; comprobar el peso del producto adquirido, que se muestre en lugar visible el precio de productos y servicios; recibir trato amable, transparente, equitativo, no discriminatorio, ni abusivo; contar con garantía, compensación, indemnización y reparación por daños y perjuicios causados…

Para los más pesimistas, eso puede parecer ciencia ficción y, aún sintiéndose maltratados, engañados o estafados, terminan callando. Otros, en cambio, se plantan en tres y dos allí mismo (¡Correcto!) y exigen conforme a su derecho o acuden a estructuras concebidas para escuchar y atender. ¡Correcto también!

Hablo de oficinas de atención a la población en sedes del Gobierno, Partido u organismos; pienso en la Fiscalía y hasta en los medios de prensa, muy utilizados, por cierto, para orgullo nuestro.

El tema, en fin, “se las trae”. Demasiado alto es el revuelo que ha remontado el irrespeto al consumidor. Urge, y no será fácil, meter en cintura a los violadores, para bien de los hasta ahora desprotegidos. Pero hay que hacerlo. Tal vez ese no sea un problema de seguridad nacional, pero nadie dude que si es un asunto que tributa a la tranquilidad de quienes habitamos esta nación.





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