lunes, marzo 31, 2014
Mi Ley, en mi casa
Muy oportuna y justa
fue la sugerencia de una diputada en el Parlamento cubano, tras ser aprobada,
por consenso unánime, la nueva Ley de inversión extranjera: insertar
información clara y precisa acerca de ese asunto en el ya cercano proceso de
rendición de cuenta del delegado a sus electores.
Minutos antes, al
presentar su Dictamen, las comisiones encargadas de Asuntos constitucionales y
jurídicos y de Asuntos económicos le habían sugerido al Ministerio de Comercio
Exterior y la
Inversión Extranjera, organizar una estrategia de divulgación
a favor de un mayor conocimiento dentro y fuera del país.
Bienvenidos sean
todos esos espacios, para despejar dudas en la población y “llegar” hasta
personas jurídicas o naturales que, más allá de nuestra geografía, deseen
aprovechar las facilidades y oportunidades del Archipiélago para invertir aquí.
Quienes
participamos, primero en el análisis del anteproyecto, después en el debate por
comisiones, luego en la sesión plenaria y por último en el intercambio y aprobación
del documento final, no tenemos la menor duda acerca de cuán necesaria,
oportuna y acertada resulta para los cubanos la implementación de esa Ley.
En primer lugar —y
para tranquilidad de generaciones enteras— no será esta una vía para hipotecar,
vender al país o retornar a la brutalidad del capitalismo. Su esencia es
totalmente contraria: una alternativa viable, que conduzca a fortalecer y a
perfeccionar el modelo económico, propicie desarrollo y genere bienestar.
Sepa el lector que
no pocos diputados preguntaron, volvieron a preguntar e insistieron en asuntos
neurálgicos, objeto de preocupaciones, dudas o comentarios a ras de hogar y
familia, barrio, centro de trabajo, espacio público, sociedad.
Cero inquietud. Si
bien se busca atraer buen capital, como sucede hoy en cualquier país del mundo,
nadie imagine un tropel de inversionistas “plantando” fondos donde y del modo
que quieran.
El titular de
Comercio Exterior y la
Inversión Extrajera, Rodrigo Malmierca, ha sido cristalino al
explicar que será un proceso organizado, transparente, atractivo para el
inversionista y saludable para los destinos de Cuba, en el que se trabajará de
forma conjunta pero sobre la base de nuestros intereses, con una cartera de
proyectos que tenga en cuenta, ante todo, necesidades e intereses del país.
¿Por qué ahora esta
Ley? —tal vez se pregunten una buena cantidad de personas. Argumentos sobran.
Tal y como también han dicho Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político
del Partido y vicepresidente del Consejo de Ministros, y otros especialistas,
el comportamiento de la economía cubana no ha propiciado en los últimos años
los niveles de consumo, las tasas de acumulación (vitales para invertir y
desarrollar al país) ni el grado de satisfacción de necesidades que espera,
aspira y requiere la nación.
A escala
internacional —y Cuba ha valorado mesuradamente distintas experiencias— la
práctica demuestra que los procesos de desarrollo económico son en verdad
exitosos cuando están asociados a crecimientos sostenidos en el Producto Interno
Bruto (PIB) de aproximadamente un 7 por ciento, promedio anual.
No es secreto que
las últimas estadísticas de Cuba registran crecimientos discretos o moderados:
fenómeno válido para el pronóstico del presente año.
Trabajadores, amas
de casa, estudiantes, técnicos, profesionales, jubilados, cuentapropistas y
hasta quienes no aportan nada a la sociedad deben saber que cuando el
comportamiento del PIB es insuficiente o “no da” para cubrir la demanda interna
del país (o sea, los niveles de consumo
y de acumulación) se crea una situación compleja porque “cargar la mano” a
favor del consumo significaría reducir posibilidades de invertir para el
desarrollo; y priorizar la acumulación implicaría afectar directamente al
consumo.
Tal y como se ha
explicado, esto último suele desmotivar, perjudicar la eficiencia, la
productividad del trabajo, repercutir en el nivel y calidad de vida, en el
bienestar de la sociedad…
Por ello, la
inversión extranjera emerge como alternativa que, bien empleada, podría
tributar flujos anuales de capital en concordancia con las necesidades de
inversión y cimentar bases que coadyuven paralelamente a crecimientos del PIB
entre 5 y 7 por ciento, con tasas de acumulación enmarcadas del 25 al 30 por
ciento.
Más allá, en fin, de
la terminología especializada o de los conceptos que suelen operar en estos
casos, como ciudadanos es bueno saber que la nueva Ley debe ayudar a resolver
problemas estructurales de la economía, incentivar el desarrollo de proyectos
integrales (algo que no ha marchado muy bien últimamente), generar
encadenamientos productivos, propiciar un mejor uso de fuentes renovables de
energía y acceso a tecnologías de avanzada que aseguren mejores resultados, en
general.
Pero si aún así
alguien no comprendiera bien el rumbo de la Ley, sepa entonces que con ella no se pretende
otra cosa que fortalecernos económicamente, desarrollarnos más, mantener mejor
las conquistas sociales, lograr mayor progreso, bienestar humano y tornar más
sostenible un proyecto social donde la preservación de la soberanía, la vida
del ser humano, los recursos naturales y el medio ambiente sigan siendo
patrimonio de generaciones.
# posted by Pastor Batista Valdés @ 2:46 p. m. 
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