lunes, marzo 31, 2014

 

Mi Ley, en mi casa



Muy oportuna y justa fue la sugerencia de una diputada en el Parlamento cubano, tras ser aprobada, por consenso unánime, la nueva Ley de inversión extranjera: insertar información clara y precisa acerca de ese asunto en el ya cercano proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores.


 Minutos antes, al presentar su Dictamen, las comisiones encargadas de Asuntos constitucionales y jurídicos y de Asuntos económicos le habían sugerido al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, organizar una estrategia de divulgación a favor de un mayor conocimiento dentro y fuera del país.

Bienvenidos sean todos esos espacios, para despejar dudas en la población y “llegar” hasta personas jurídicas o naturales que, más allá de nuestra geografía, deseen aprovechar las facilidades y oportunidades del Archipiélago para invertir aquí.

Quienes participamos, primero en el análisis del anteproyecto, después en el debate por comisiones, luego en la sesión plenaria y por último en el intercambio y aprobación del documento final, no tenemos la menor duda acerca de cuán necesaria, oportuna y acertada resulta para los cubanos la implementación de esa Ley.

En primer lugar —y para tranquilidad de generaciones enteras— no será esta una vía para hipotecar, vender al país o retornar a la brutalidad del capitalismo. Su esencia es totalmente contraria: una alternativa viable, que conduzca a fortalecer y a perfeccionar el modelo económico, propicie desarrollo y genere bienestar.

Sepa el lector que no pocos diputados preguntaron, volvieron a preguntar e insistieron en asuntos neurálgicos, objeto de preocupaciones, dudas o comentarios a ras de hogar y familia, barrio, centro de trabajo, espacio público, sociedad.

Cero inquietud. Si bien se busca atraer buen capital, como sucede hoy en cualquier país del mundo, nadie imagine un tropel de inversionistas “plantando” fondos donde y del modo que quieran.

El titular de Comercio Exterior y la Inversión Extrajera, Rodrigo Malmierca, ha sido cristalino al explicar que será un proceso organizado, transparente, atractivo para el inversionista y saludable para los destinos de Cuba, en el que se trabajará de forma conjunta pero sobre la base de nuestros intereses, con una cartera de proyectos que tenga en cuenta, ante todo, necesidades e intereses del país.

¿Por qué ahora esta Ley? —tal vez se pregunten una buena cantidad de personas. Argumentos sobran. Tal y como también han dicho Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente del Consejo de Ministros, y otros especialistas, el comportamiento de la economía cubana no ha propiciado en los últimos años los niveles de consumo, las tasas de acumulación (vitales para invertir y desarrollar al país) ni el grado de satisfacción de necesidades que espera, aspira y requiere la nación.

A escala internacional —y Cuba ha valorado mesuradamente distintas experiencias— la práctica demuestra que los procesos de desarrollo económico son en verdad exitosos cuando están asociados a crecimientos sostenidos en el Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente un 7 por ciento, promedio anual.

No es secreto que las últimas estadísticas de Cuba registran crecimientos discretos o moderados: fenómeno válido para el pronóstico del presente año.

Trabajadores, amas de casa, estudiantes, técnicos, profesionales, jubilados, cuentapropistas y hasta quienes no aportan nada a la sociedad deben saber que cuando el comportamiento del PIB es insuficiente o “no da” para cubrir la demanda interna del país (o sea,  los niveles de consumo y de acumulación) se crea una situación compleja porque “cargar la mano” a favor del consumo significaría reducir posibilidades de invertir para el desarrollo; y priorizar la acumulación implicaría afectar directamente al consumo.

Tal y como se ha explicado, esto último suele desmotivar, perjudicar la eficiencia, la productividad del trabajo, repercutir en el nivel y calidad de vida, en el bienestar de la sociedad…

Por ello, la inversión extranjera emerge como alternativa que, bien empleada, podría tributar flujos anuales de capital en concordancia con las necesidades de inversión y cimentar bases que coadyuven paralelamente a crecimientos del PIB entre 5 y 7 por ciento, con tasas de acumulación enmarcadas del 25 al 30 por ciento.

Más allá, en fin, de la terminología especializada o de los conceptos que suelen operar en estos casos, como ciudadanos es bueno saber que la nueva Ley debe ayudar a resolver problemas estructurales de la economía, incentivar el desarrollo de proyectos integrales (algo que no ha marchado muy bien últimamente), generar encadenamientos productivos, propiciar un mejor uso de fuentes renovables de energía y acceso a tecnologías de avanzada que aseguren mejores resultados, en general.

Pero si aún así alguien no comprendiera bien el rumbo de la Ley, sepa entonces que con ella no se pretende otra cosa que fortalecernos económicamente, desarrollarnos más, mantener mejor las conquistas sociales, lograr mayor progreso, bienestar humano y tornar más sostenible un proyecto social donde la preservación de la soberanía, la vida del ser humano, los recursos naturales y el medio ambiente sigan siendo patrimonio de generaciones.


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